La estructura producía bebidas que posteriormente eran comercializadas en diversas zonas del país
Una fábrica clandestina que presuntamente funcionaba como una línea de producción de bebidas alcohólicas adulteradas y falsificadas fue desmantelada en San Cristóbal durante un operativo conjunto de Pro Consumidor, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio Público.
Según las autoridades, en el lugar no solo se preparaban las bebidas. La estructura contaba con los insumos y equipos necesarios para completar distintas etapas del proceso: elaboración, adulteración, envasado, etiquetado y posterior distribución.
Durante el allanamiento fueron ocupadas decenas de miles de unidades y materiales, entre ellos botellas, galones, tanques, alcohol, esencias, tapas, etiquetas, cajas y máquinas utilizadas en la operación.
También fueron encontrados elementos que, de acuerdo con Pro Consumidor, eran empleados para imitar marcas de bebidas alcohólicas y presentar los productos como si fueran mercancía legítima.
De la mezcla al mercado
El esquema descrito por las autoridades comenzaba con la disponibilidad de alcohol, esencias y recipientes dentro de la instalación clandestina. Allí se realizaba el proceso de preparación y envasado.
La existencia de tapas, etiquetas, cajas y otros materiales permitía posteriormente dar a las botellas una presentación comercial y, según las autoridades, falsificar marcas existentes.
Una vez terminados, los productos eran distribuidos para su venta en San Cristóbal y en otros puntos del país, afirmó el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.
Las autoridades no informaron cuáles marcas habrían sido falsificadas ni identificaron los establecimientos en los que presuntamente se comercializaban las bebidas.
Alcántara calificó la estructura como una operación de “gran magnitud” y sostuvo que los productos representaban un riesgo debido a que su composición, procedencia y condiciones de elaboración no estaban sometidas a las garantías requeridas para el consumo.
El propietario no fue encontrado
Pro Consumidor atribuyó la propiedad de la fábrica a Randy García, propietario de los establecimientos Randy Comercial.
García no se encontraba en el lugar al momento del allanamiento. De acuerdo con Alcántara, los organismos participantes mantienen su búsqueda para ponerlo a disposición del Ministerio Público.
La intervención se produjo después de labores de inteligencia y seguimiento realizadas conjuntamente por el Ministerio Público, Pro Consumidor y CECCOM, según la información oficial.
Ya había sido intervenido por productos vencidos
No es la primera operación que las autoridades atribuyen a García.
En junio pasado, las mismas instituciones intervinieron un almacén de su propiedad en San Cristóbal, donde afirmaron haber descubierto un sistema destinado a modificar las fechas de vencimiento de productos de consumo masivo.
En aquella ocasión fueron decomisadas toneladas de mercancías vencidas y máquinas que, según Pro Consumidor, servían para sustituir o alterar las fechas originales y permitir que los artículos fueran nuevamente comercializados como aptos para el consumo.
Las autoridades describieron entonces un procedimiento sistemático: los productos caducados eran manipulados, reetiquetados y posteriormente reincorporados al mercado.
García fue arrestado por ese caso y sometido a la justicia. Posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza.
Ahora, meses después, las autoridades aseguran haber detectado una segunda operación vinculada al mismo propietario, esta vez dedicada a la producción y falsificación de bebidas alcohólicas.
Pro Consumidor exhortó a los consumidores a comprar bebidas únicamente en comercios formales y revisar etiquetas, sellos y demás elementos de identificación antes de adquirirlas.
