El Ministerio Público instrumentalizó ayer ante el tercer tribunal colegiado la acusación con la que busca probar la supuesta estafa millonaria por expropiaciones
“La estructura en el caso Calamar utilizó al Estado como instrumento de corrupción, el lucro como método y la permanencia en el poder como finalidad”
Con esta afirmación, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dio paso ayer a la descripción de una supuesta red que habría comprometido más de RD$19,000 millones a través de expropiaciones fraudulentas y cobros ilícitos,
Al adentrarse en la mecánica de ese desfalco global, el órgano acusador reveló que la partida financiera más grande dentro del total de la acusación, es de RD$12,000 millones, y corresponde específicamente a las expropiaciones irregulares dentro de terrenos emblemáticos, como las áreas protegidas del Parque Nacional Cotubanamá, Los Hiatises y el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).
Según la acusación leída ante el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional que conoce el juicio de fondo contra los imputados, el fraude de Cotubanamá y demás parcelas se articuló mediante una fórmula tripartita.
Explicó que porciones de terreno dentro del citado Parque fueron objeto de reclamos de indemnización “resucitados y tasados apresuradamente” para justificar la salida de miles de millones del erario.
Agrega que para ello el entramado utilizó tres dependencias claves: el Catastro Nacional (para inflar las tasaciones), la Contraloría General (para agilizar las certificaciones y el Ministerio de Hacienda (para utilizar los libramientos de deuda pública).
Destino y retorno fondos
La acusación dice que a través de cesiones de crédito fraudulentas y empresas de carpeta, la estructura habría cobrado retornos y comisiones de hasta un 50% y 70% desviando recursos en efectivo hacia el financiamiento de la campaña política oficialista.
Los imputados en calamar
Son Donald Guerrero, Lockward, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver Peña, Julián Omar Fernández Figueroa, Princesa Alexandra García Medina, Agustín Mejía Ávila y Juan Tomás Polanco; Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista.
En negociaciones
El rol de Ángel Lockward
La trampa
Según uno de los fiscales de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción “en las negociaciones de las parcelas expropiadas, el imputado Ángel Lockward era la trampa: la figura enviada a atraer a los propietarios, convencerlos de firmar cesiones de crédito draconianas y viabilizar las gestiones administrativas, haciendo creer que se trataba de un cobro legítimo cuando en realidad era la llave de entrada al engranaje de extorción y desvío de fondos públicos”.
