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Contraloría detecta varias anomalías y fallas de control

Contraloría publicó 28 informes de auditorías integrales y seguimiento

Al menos diez auditorías de la Contraloría General de la República revelaron compras millonarias al margen de la planificación anual, discrepancias en el registro de vehículos, deudas acumuladas y el manejo de fondos fuera de la Cuenta Única del Tesoro en nueve instituciones del Estado.

Los hallazgos forman parte de un paquete de 13 informes , diez auditorías ordinarias y tres de seguimiento, de un total de 28 publicados ayer en el portal de la Contraloría General de la Repblica. Los períodos evaluados van desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2025.

La muestra examinada abarca los ministerios de Energía y Minas, Juventud, Educación Superior, Cultura, Mujer, Vivienda y Administrativo de la Presidencia, junto al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

En el desglose, Cultura registra dos auditorías sobre ejercicios distintos, mientras que Juventud, Fonper y la OMSA disponen de reportes de seguimiento.

El informe advierte que los montos señalados obedecen a inobservancias administrativas e inconsistencias contables, por lo que no constituyen, de manera automática, pérdidas patrimoniales ni desvíos de fondos públicos.

Compras y fondos públicos

En el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, la auditoría de 2024 identificó 11 procesos por RD$3,564,673,498.81 que no estaban contemplados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, dentro de una muestra de 82 expedientes.

La Contraloría detectó discrepancias por RD$145.1 millones entre los activos fijos registrados en el sistema patrimonial y los estados financieros, además de 45 vehículos inscritos ante la DGII que no figuran en el inventario físico suministrado, faltas que continúan en proceso de subsanación.

En el Ministerio de Energía y Minas, los auditores cuestionaron el manejo de RD$454.9 millones transferidos por el Fonper entre 2023 y 2025, los cuales fueron depositados en una cuenta operativa en lugar de la Cuenta Única del Tesoro. El informe señaló la ausencia de un acuerdo interinstitucional, procedimientos formales de administración y evidencias de ejecución. Pese a que la entidad justificó retener los recursos para proyectos de electrificación rural y suburbana, el órgano de control ratificó la falta. El documento también reportó 70 activos ilocalizables e irregularidades en vehículos y deudas, además de cinco empleados con duplicidad de nómina, anomalía que ya fue regularizada.

El Ministerio Administrativo de la Presidencia presentó una diferencia de 1,772 vehículos entre los registros de la DGII y sus auxiliares: 2,083 figuraban a su nombre frente a 311 en el registro interno de transporte.

MAPRE explicó que muchos habían sido donados y permanecían en poder de terceros, con traspasos pendientes. La observación seguía abierta. También se detectaron RD$2,285.5 millones en activos fuera del SIAB, punto declarado subsanado. El documento corresponde al Ministerio Administrativo, distinto del Ministerio de la Presidencia.

En el Mescyt, la auditoría identificó RD$385,023,661.04 en deudas con más de dos años de atraso y 30 vehículos registrados en la DGII que no fueron identificados físicamente.

La institución presentó explicaciones sobre cinco unidades y planteó que las otras 25 podrían haber sido descargadas por administraciones anteriores, aunque carecía de información en sus registros de Transportación. El hallazgo permaneció pendiente, junto con compras fraccionadas por RD$769,948.

Contratos y seguimiento en OMSA

La auditoría de la Contraloría a la OMSA detectó RD $76.7 millones en contratos vinculados a militares, junto a inconsistencias en inventarios (RD$204.9 millones), combustibles (RD$107.9 millones) y traspasos vehiculares.

En el presente año, la entidad resolvió la relación indebida con proveedores e implementó 85 de sus recomendaciones, aunque aún persisten compras fuera de plan y excesos en topes de combustible.

En el Ministerio de Cultura, la fiscalización de 2021–2023 identificó nóminas no publicadas por RD$58.2 millones, compras sin registro patrimonial por RD$47.8 millones y 37 activos sin ubicar.

Posteriormente, el informe de 2024 halló inconsistencias por RD$176.3 millones entre los estados financieros y el SIAB, deudas antiguas por RD$18.4 millones y los 127 expedientes de empleados evaluados incompletos.

MInisterio de la Mujer

Por su parte, en el Ministerio de la Juventud se detectaron RD$71.8 millones en ayudas directas entregadas sin metodología documentada, RD$53.5 millones en compras fuera del plan anual y contratos otorgados a Eco Petróleo cuyos accionistas tenían impedimentos legales para operar con el Estado. El informe de seguimiento constató avances en ayudas y contrataciones, aunque persistieron compras no planificadas en 2025 y una contradicción en el nivel de cumplimiento: la carta de remisión reporta un 62 %, mientras el cuerpo del documento consigna un 91 %.

En tanto, en el Ministerio de la Mujer quedaron pendientes de subsanar compras fraccionadas por RD$1.37 millones y 48 nóminas sin publicar que totalizan RD$11.8 millones.

Fonper presentó una diferencia de RD$191.2 millones entre su inversión registrada en La Tabacalera y los certificados físicos, correspondiente a capital de trabajo.

También se examinaron proyectos por RD$238.3 millones, incluidas panaderías en desuso. Este último punto fue declarado subsanado al aceptarse responsabilidades operativas de las entidades receptoras. Los informes pueden ser consultados en el portal institucional de la Contraloría General de la República.

Contraloría eleva a 67 los informes de auditoría

Con la divulgación de 28 nuevos expedientes, 25 auditorías integrales y tres informes de seguimiento, la Contraloría General de la República alcanza 67 publicaciones oficiales, y amplía el registro inicial de 39 documentos de fiscalización puestos a consulta pública. Al presentar el balance, el titular del órgano rector, Geraldo Espinosa Pérez, destacó que esta política de difusión promueve la transparencia al permitir que la sociedad civil, la prensa y la ciudadanía verifiquen el uso de los recursos en las instituciones públicas. Explicó que desarrolla tres tipos de auditorías: internas con enfoque integral, internas focalizadas y auditorías de seguimiento.

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