En esta ocasión el incidente es por la no participación de una juez en el conocimiento de varios incidentes que el tribunal se reservó para fallarlos con el fondo
Santo Domingo. El juicio de fondo seguido al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otros, continuó este lunes confrontando escollos en su desarrollo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, esta vez por la no participación de una juez en el conocimiento de varios incidentes que el tribunal se reservó para fallarlos con el fondo (al final del caso).
Las defensas de los imputados le observaron al tribunal sobre el cambio de composición de la corte por la integración de la magistrada Jarolyn Elizabeth Rosario López.
Precisaron que no se trata de una objeción, sino más bien de una observación, en vista de que ella no estuvo en la presentación oral de los incidentes que se reservaron para el fondo.
Dijeron que dicha magistrada puede permanecer en la audiencia de este lunes, pero a condición de que se lean los incidentes acumulados, a los fines de que tome conocimiento.
Advirtieron que no ser así, dicha magistrada estaría fallando como los jueces civiles sobre la base de papeles.
Entre los abogados que hicieron la observación se encuentra Manuel Sierra, quien junto a Ibo René Sánchez representa al imputado Alfredo Alexander Solano Augusto.
El Ministerio Público acusa a los imputados del robo de más de 6 mil millones de pesos del Estado Dominicano.
El órgano de justicia sostuvo que las líneas de imputación documentan una estructura criminal organizada que se destinó a la depredación sistemática del patrimonio público, el lavado de activos y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Rodríguez.
Resaltó que el expediente contra el exfuncionario se consolida como uno de los casos con mayor cantidad de líneas de investigación en la historia del país, derivado de la multiplicidad y extrema gravedad de las acciones delictivas detectadas y documentadas por el Ministerio Público.
Recordó que en este expediente se imputa la sustracción y desfalco de más de 6,000 millones de pesos al Estado dominicano, con una afectación directa al patrimonio público y todo el sistema.
