Por Gilbert Arturo Rojas Rigaud
En esta tierra donde la justicia parece haberse extraviado entre el humo de las balas y el silencio de los despachos, quieren darle luz verde a la muerte para que haga el trabajo que la inteligencia no se ha atrevido a comenzar; quieren que la Policía Nacional salga a limpiar las calles de delincuentes, como si la vida fuera una mancha que se borra con pólvora y como si el uniforme tuviera el privilegio divino de distinguir, sin equivocarse jamás, entre el culpable y el inocente. Pero el problema, señores, es que en este país el uniforme a veces mira al ciudadano y no ve a un ser humano, sino a un sospechoso que todavía no ha confesado su delito; lo sé porque he sentido en mi propia carne el peso de los atropellos, porque una vez un policía, con la arrogancia de quien se cree dueño de la libertad ajena, me amenazó con llevarme preso y ficharme como quien amenaza con cerrar una puerta para siempre, y comprendí entonces que aquí pueden fabricarte una culpa de la nada y dejarte toda una vida tratando de demostrar que no eres el hombre que alguien decidió inventar. En otras tierras, la inocencia camina hasta que las pruebas le cierran el paso; en la nuestra, la culpabilidad parece caminar esposada al ciudadano, y la inocencia tiene que reunir dinero, valor, testigos y paciencia para conseguir que alguien la escuche. Por eso me aterra esa luz verde que algunos reclaman para que la Policía mate a los delincuentes, porque detrás de cada permiso para disparar puede esconderse una enemistad antigua, una venganza personal, un rencor disfrazado de autoridad; bastaría que un agente le tuviera mala voluntad a un hombre y se lo encontrara en una redada para que, al amanecer, la historia estuviera escrita con dos palabras que ya nadie se atrevería a discutir: intercambio de disparos. Y entonces, ¿quién devolvería al muerto su nombre, quién le explicaría a una madre que su hijo dejó de existir porque alguien confundió la autoridad con el derecho de matar? Salvo el narcotráfico, con sus tentáculos de dinero, armas y corrupción, muchos de esos delincuentes de patio no son ejércitos invencibles ni fuerzas sobrenaturales contra las que haya que declarar una guerra sin cuartel; son un problema humano y social que exige inteligencia, prevención, oportunidades, investigación y una voluntad política que no se arrodille ante la comodidad de las soluciones sangrientas. No puede ser tan difícil sentarse alrededor de una mesa, apagar por un momento las cámaras, guardar los discursos y poner a trabajar esa materia gris que Dios nos dio para algo más que justificar la violencia; pero parece más sencillo rebajarse al nivel del delincuente que elevarse por encima de él, más fácil apretar un gatillo que desarmar las causas del crimen, más rentable anunciar cadáveres que construir una sociedad donde la vida no sea una mercancía barata. Y mientras los ministros ensayan palabras, los funcionarios calculan sus conveniencias y algunos policías confunden el respeto con el miedo, el ciudadano aprende a caminar por sus propias calles como quien atraviesa un territorio enemigo, con la cédula en el bolsillo, la conciencia limpia y el corazón en guardia, midiendo el volumen de su voz para no despertar la ira de quien debería protegerlo; porque aquí hemos llegado a la absurda desgracia de tener que cuidarnos de aquellos a quienes pagamos para que nos cuiden, de bajar la mirada ante quienes deberían mirarnos con dignidad, de callar ante quienes deberían escuchar nuestros derechos. Y es que la Policía parece haber olvidado que su misión es proteger y servir, no sembrar miedo ni administrar la muerte, porque cuando el ciudadano tiene que protegerse de su protector, algo mucho más grave que la delincuencia se ha apoderado de la República: la sospecha, el abuso y esa oscura costumbre de llamar justicia a cualquier desgracia que le ocurra al hombre equivocado. No, señores, no le den luz verde a la muerte, porque la muerte nunca ha sabido leer expedientes, nunca ha distinguido una denuncia falsa de una verdadera, nunca ha pedido pruebas antes de entrar en una casa ni ha devuelto a un inocente después de descubrir su error; denle luz verde a la inteligencia, a la justicia independiente, a la investigación honesta, a la educación, a la dignidad y a una Policía que no necesite que los ciudadanos le teman para demostrar que merece su respeto. Porque el día en que aceptemos que la autoridad puede matar primero y explicar después, habremos firmado, sin leer la última página, la sentencia de todos; y entonces ya no importará quién delinque, quién denuncia, quién lleva uniforme o quién regresa cansado a su hogar: bastará con estar en el lugar equivocado, frente al hombre equivocado, en el instante en que la muerte tenga permiso para confundirse con la ley.
