El gobernador Héctor Valdez Albizu informó que el déficit cuasifiscal se redujo del 1,4 % del PIB en 2020 al 0,5 % en 2025, mientras que el saldo de los certificados pasó del equivalente al 15 % al 10 % del PIB en el mismo período
De la celebración del 79 aniversario del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) surgió una señal de que el nubarrón cuasifiscal podría estar comenzando a despejarse.
El gobernador Héctor Valdez Albizu informó que el déficit cuasifiscal se redujo del 1,4 % del PIB en 2020 al 0,5 % en 2025, mientras que el saldo de los certificados pasó del equivalente al 15 % al 10 % del PIB en el mismo período. Son resultados alentadores, pero no significan que la tarea haya concluido ni que se haya resuelto el problema estructural que los origina.
El propio gobernador lo reconoció en su discurso del viernes al anunciar que el BCRD y el Ministerio de Hacienda y Economía trabajan de manera coordinada en la elaboración de un proyecto de ley que sería sometido al Congreso Nacional, previsiblemente el próximo año, con el propósito de eliminar la capitalización de esa deuda.
El anuncio de esta iniciativa y el énfasis puesto en la coordinación interinstitucional constituyen uno de los aspectos más importantes del discurso. Permiten albergar la esperanza de que la nueva ley no corra la misma suerte que la Ley 167-07, que estableció un período de diez años para completar la recapitalización del Banco Central. Ese plazo venció en 2017 sin que se cubrieran todas las pérdidas acumuladas.
De hecho, los estados financieros auditados del BCRD correspondientes a 2024 registraban una cuenta por cobrar al Gobierno de RD$731,205 millones y bonos de recapitalización por RD$132,362 millones. Estas partidas reflejan la magnitud de los compromisos financieros acumulados entre el Estado y el Banco Central, aunque corresponden a conceptos contables distintos y no deben interpretarse como componentes equivalentes de una misma deuda.
Una ley bien diseñada, respaldada por un compromiso interinstitucional efectivo y acompañada de un mecanismo fiscal creíble, podría sentar las bases para reducir gradualmente el costo y el saldo de la deuda cuasifiscal. Sin un respaldo fiscal suficiente y previsible, el problema podría prolongarse durante años, aun cuando continúe disminuyendo el déficit anual.
El costo de esa inacción no sería únicamente presupuestario. La persistencia de las pérdidas y de los compromisos financieros acumulados podría dificultar el saneamiento patrimonial del Banco Central y complicar la coordinación entre las políticas fiscal y monetaria. Si el financiamiento de esas obligaciones terminara condicionando las decisiones monetarias, también podría reducir el margen de respuesta ante nuevas presiones inflacionarias.
Por eso, el desafío no consiste simplemente en reducir el déficit cuasifiscal, sino en establecer un mecanismo sostenible que impida la reproducción de las pérdidas y distribuya de manera transparente su costo entre el Banco Central y el Gobierno. De que esa solución se concrete dependerá que el nubarrón comience a disiparse de verdad. Y ese no es un asunto ajeno a nadie.
