Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará a conocer este lunes 15 de junio, a partir de las 3:00 de la tarde, la sentencia del juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G, en el que el Ministerio Público acusa a una red de oficiales militares, policiales y civiles de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
El tribunal, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, quien lo preside, Tania Yunes y Jissel Naranjo, definirá si condena o absuelve al principal imputado, el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y al resto de los encartados. La lectura pondrá fin a la etapa de fondo de un expediente que se aproxima a cinco años de litigio.
Las penas solicitadas
En sus conclusiones, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Mirna Ortiz, pidió 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Cestur), el general Julio Camilo de los Santos Viola y el coronel Rafael Núñez de Aza, además del decomiso de bienes.
Para la pastora Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, y para Kelman Santana Martínez, el órgano acusador solicitó 15 años de prisión y multa de 300 salarios mínimos. Para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave y delator del proceso, pidió cinco años con pena suspendida.
Los cargos y las pruebas
El Ministerio Público atribuye a los imputados violación a la Constitución, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos. Según la acusación, la estructura operó desde el Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), mediante el abultamiento de nóminas, contratos simulados y el uso indebido de recursos públicos.
A la pastora Guzmán se le señala un rol central en el ocultamiento y blanqueo de los fondos. La fiscalía sustenta su pedimento en documentos, peritajes patrimoniales y el testimonio del delator Girón, y reclama el decomiso de bienes valorados en más de RD$773 millones a favor del Estado.
La defensa pide absolución
Los abogados de los encartados solicitaron una sentencia absolutoria, al sostener que el Ministerio Público no logró destruir la presunción de inocencia ni individualizar hechos concretos, y calificaron las pruebas de insuficientes.
En sus palabras finales, el 16 de abril, Cáceres Silvestre rechazó las imputaciones: aseguró que no se demostró que se asociara con otras personas para dilapidar el erario y afirmó que “las pruebas no han podido sustentar estas acusaciones”.
El caso, derivado de las operaciones Coral y Coral 5G, se inició en abril de 2021 con los primeros arrestos.
