El proceso avanza a juicio con una disputa paralela por la responsabilidad civil. Las medidas patrimoniales alcanzan a terceros no acusados penalmente
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a los administradores de la discoteca Jet Set Club y extendió embargos e hipotecas judiciales por 500 millones de pesos al entorno familiar y empresarial de los acusados, incluyendo a personas que no enfrentan cargos penales.
Catorce meses después de la tragedia en que murieron 236 personas y un centenar resultaron heridas, el Juzgado dictó, con 159 páginas, el auto de apertura a juicio, firmado por el juez Reymundo Antonio Mejía.
Acusados y los cargos
Los cargos contra Antonio Espaillat López y su hermana Maribel Espaillat de Bera, quien esa noche estaba al frente de la gerencia del local mientras Antonio se encontraba fuera del país, son por homicidio y heridas involuntarias por imprudencia, negligencia o inobservancia de reglamentos.
La acusación sostiene que ambos ignoraron el deterioro del edificio, toleraron modificaciones que comprometieron su estabilidad —incluyendo la remoción de columnas y la acumulación de aires acondicionados sobre un techo ya debilitado— y que la noche del siniestro, aun habiendo sido alertados de que un plafón había caído sobre un asistente, decidieron no suspender el evento.
La discoteca, fundada en 1973 por Ana Grecia López —madre de Antonio y Maribel y quien deberá responder civilmente—, operaba desde los años 90 en un antiguo cine de la avenida Independencia, a través de la sociedad Inversiones E y L S.R.L. Los gerentes autorizados a firmar eran Antonio Espaillat López y la propia Ana Grecia López.
La dimensión
El envío a juicio era el desenlace esperado de una audiencia preliminar extendida por meses, con víctimas, querellantes y actores civiles.
El dispositivo autoriza trabar embargo conservatorio e inscribir hipoteca judicial sobre los bienes muebles, activos y valores de cuatro personas y cuatro entidades comerciales, hasta por la suma de 500 millones de pesos. El monto responde al artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, que fija el duplo del crédito principal como base de inscripción para cubrir capital, intereses y costas. Eso implica que el tribunal considera verosímilmente reclamable una suma que ronda los 250 millones de pesos.
Las medidas alcanzan a los imputados y se extienden a Evelyn Espaillat, hermana del acusado principal y a Ana Grecia López, su madre. Ninguna de las dos figura entre los enviados a juicio por el Ministerio Público.
