El abogado Yan Carlos Abad analizó el alcance de esta transformación, subrayando que, aunque representa un paso importante
El próximo 3 de agosto entrará en vigor el nuevo Código Penal de la República Dominicana, una reforma que sustituye al texto de 1884 y que introduce cambios sustanciales en materia de sanciones, tipificación de delitos y responsabilidad penal.
El abogado Yan Carlos Abad analizó el alcance de esta transformación, subrayando que, aunque representa un paso importante, su efectividad dependerá de la participación ciudadana y de reformas complementarias en el sistema judicial.
Abad considera que la aprobación del Código se produjo sin un proceso profundo de consulta con organizaciones sociales, lo que limita su legitimidad democrática.
“La sociedad ha estado sumergida en la conquista de nuevas sanciones. Sin embargo, para fortalecer la democracia, las autoridades deben garantizar que la población y los sectores comunitarios tengan una mayor participación e incidencia en la modificación de cualquier norma legal”, afirmó.
El jurista también advirtió sobre la viabilidad práctica de las nuevas penas y agravantes. Según explicó, la falta de infraestructura y de experiencia procedimental podría retrasar la aplicación efectiva de algunas sanciones.
Aun así, reconoció la urgencia de actualizar un marco normativo que había quedado desfasado frente a nuevas tipologías delictivas. “Un código no establece justicia por sí solo; las leyes son herramientas que permiten a los jueces emitir decisiones justas o injustas.
La importancia de esta adecuación radica en que el texto penal se está alineando con la cultura actual y con hechos delictivos que antes no contemplaban penas de cárcel, sino simples sanciones pecuniarias, dejando vacíos que favorecían la impunidad”, señaló.
Entre los cambios más relevantes se encuentran la tipificación de delitos como feminicidio, violencia intrafamiliar, corrupción, discriminación, delitos tecnológicos, terrorismo, sicariato, desaparición forzada, genocidio y crímenes de lesa humanidad. También se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la acumulación de penas hasta un máximo de 60 años.
Sin embargo, el nuevo Código Penal dejó fuera las tres causales del aborto, uno de los puntos más controversiales y debatidos en la sociedad dominicana.
Abad subrayó que la efectividad de las sanciones dependerá de que se apliquen con rigor y sin distinción de clases sociales.
Para ello, considera indispensable una reforma paralela al Código Procesal Penal que permita ejecutar las penas de manera más drástica y expedita. Además, insistió en que el fortalecimiento del sistema judicial debe ir acompañado de políticas sociales y económicas que atiendan el alto costo de vida y la equidad en la aplicación de la justicia.
Modificaciones
El artículo 104 trata sobre los daños por aplicación de sustancias químicas; el 121 aborda el hostigamiento; el 122, el hostigamiento agravado; el 123, el hostigamiento cibernético; y el 124, la violencia doméstica o intrafamiliar.
Asimismo, se reformaron el artículo 141, sobre el plazo de prescripción; el 142, sobre exhibicionismo sexual; el 144, relativo al acoso agravado; el 170, sobre el auto secuestro; el 173, referente a la discriminación; el 176, sobre el proxenetismo; y el 177, que trata el proxenetismo agravado.
También se modificaron los artículos 192, sobre la difusión ilícita de contenido íntimo o reservado; 207, el perjurio; 208, difamación; 209, sobre difamación extorsiva; y el 211, relativo a los actos considerados no difamatorios o injuriosos.
Además, se incluyeron cambios en el 214, sobre el abandono de niños, niñas y adolescentes; el 215, referente al abandono agravado de menores; el 248, la bancarrota simple; el 269, sobre violación de propiedad; el 303, relativo a la malversación de fondos públicos; el 310, sobre el ultraje en el ámbito jurisdiccional; y, finalmente, el 354, referente a la certificación falsa del estado de salud.
