Las condiciones de salud que padece el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim Albainy, no constituyen una justificación suficiente para variar la prisión preventiva, que cumple por su vinculación en un presunto desfalco de más de RD$15 mil millones en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la esclerosis múltiple y la tuberculosis latente que padece Hazim pueden ser atendidas mediante los protocolos médicos correspondientes dentro del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
El tribunal dictó que la prisión preventiva que cumple el exfuncionario y otros cinco imputados en el caso de corrupción, continúa siendo una medida idónea, necesaria y proporcional, al no haber variado las circunstancias que motivaron su imposición.
En el caso de Hazim, el juez sostuvo que fueron evaluados los informes médicos aportados por las partes, los cuales establecen que el imputado sufre de esclerosis múltiple desde hace varios años y que, tras diversas pruebas diagnósticas, se confirmó que presenta tuberculosis latente, una condición asintomática que no representa riesgo de contagio al no tratarse de tuberculosis activa.
Tras analizar los informes, el tribunal concluyó que las autoridades penitenciarias están en capacidad de garantizar la continuidad del tratamiento mediante permisos de traslado a los centros de salud cuando sea necesario, para recibir medicamentos, evaluaciones y el período de observación requerido, siendo posteriormente retornado al recinto penitenciario.
En consecuencia, el tribunal ordenó mantener la prisión preventiva y dispuso que las autoridades penitenciarias garanticen el suministro de los medicamentos, tratamientos y traslados necesarios para preservar el derecho a la salud del imputado.
Por su parte, el abogado Miguel Surun Hernández valoró la decisión al afirmar que durante la audiencia no fueron presentados elementos que justificaran la modificación de las medidas de coerción.
Indicó que la resolución confirma que continúan vigentes los presupuestos establecidos en el artículo 243 del Código Procesal Penal para mantener la prisión preventiva.
Asimismo, sostuvo que continuará solicitando al Ministerio Público que amplíe las investigaciones para incluir a empresarios que, según afirmó, aún no han sido sometidos a la justicia, así como a los presuntos beneficiarios finales de los recursos que alegadamente fueron sustraídos del sistema de salud.
La próxima revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 5 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Lo que dice el expediente del MP
El cumplimiento de la coerción de 18 meses de prisión preventiva le fue impuesta en diciembre del pasado año a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del supuesto entramado de corrupción, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y a Ramón Alan Speakler Mateo.
El expediente del Ministerio Público establece que el entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
La acusación dice que con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público dijo que ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un alegado esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SenaSa.
“No han cambiado los presupuestos”
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que la prisión preventiva fue ratificada porque los presupuestos que dieron lugar a la imposición de esta medida de coerción no han cambiado. “Ha dicho el tribunal, además, que la prisión preventiva es la medida de coerción necesaria, idónea y proporcional para estos imputados.
Y es así, estos imputados deben continuar en prisión preventiva y en el momento indicado deben recibir sentencias que sean ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”, dijo el representante del Ministerio Público a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal. Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, y otros delitos.
