Por Caonabo Suárez
Cada vez que renuncia un funcionario del Estado “elegido” por votación popular, se origina discusión o controversia acerca de a quién pertenece o debería pretender el puesto: si a la persona sujeto de la elección popular o al partido que lo llevó en la boleta.
Para conocer de qué lado se inclinaría el fiel de la balanza deberíamos comprender, primero, qué es el Estado, qué es un partido político y qué un ciudadano de ese Estado. Y para ello, entiendo, se debe hacer un breve espacio histórico.
En los primeros tiempos del surgimiento del Estado democrático burgués como órgano de dominación de la clase burguesa sobre el proletariado y demás subclases de la sociedad capitalista, fruto de que las fuerzas productivas aún no habían alcanzado su máximo desarrollo, su organización estructural se fundamentó en casta, cúpula política de dominación, normalmente representada por una monarquía y monarca que ejercía poder omnímodo. No había aún linea que claramente expresara la separación entre Estado y monarca, sociedad y monarquía.
Con el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción del sistema capitalista surgieron nuevas estructuras políticas y jurídicas que originaban contradicción frontal con la que ejercía la casta dominante, monarca y monarquía.
Y esa contradicción alcanzó su máxima expresión en la triunfante Revolución Francesa que rompió los viejos lazos de la monarquía heredados del feudalismo y dio origen a las nuevas estructuras políticas y jurídicas de dominación capitalista que conocemos hoy.
A partir de los cimientos de la Revolución Francesa el Estado capitalista sentó una muy clara estructura política y jurídica en base a las cuales se ejerce el control y poder de dominación.
Fue entonces cuando los órganos del Estado comenzaron a ser electo mediante “elección popular”. En función del desarrollo económico surgieron “democracias” parlamentas y “presidencialistas” (un tanto reminiscencias del pasado monárquico).
En ambas denominaciones se eligen los funcionarios del Estado por voto “universal”. Al jefe del Estado se le otorga el poder de nombrar, elegir, el gabinete de gobierno que ejerce el poder del Estado en todas sus estructuras.
Por otro lado, a través de los partidos políticos, que surgieron con el Estado burgués, se eligen los representantes del Estado ante el parlamento. Así, las provincias, departamentos, gobernaciones o distritos, a través de los partidos, “eligen” sus representantes ante el Estado.
Desde el mismo momento en que son elegidos pasan ser funcionarios del Estado, no funcionarios del partido que le llevó en su boleta. Por lo que ese funcionario solo hereda vínculos y relaciones políticas con el partido en cuya boleta fue elegido.
Si eso ocurriere, el Estado mismo sentaría las bases para su propia autodestrucción, por cuanto atentaría sobre los falsos cimientos mismos en que se declara Estado “democrático y de derechos”.
Por tanto, el presidente de la república, el senador, diputado, síndico, concejal, gobernador es único depositario del cargo para el cual fue elegido por los ciudadanos que el Estado-nación asume como nacionales y “otorga” derechos” de elección.
Si ocurriere una renuncia como funcionario elegido, no como miembro del partido que lo llevó en la boleta, en sintonía con las leyes al efecto, la institución electoral que el Estado otorga poder, convocará nueva “elección popular” universal para “elegir”el sustituto del renunciante.
Los partidos, pues, son palancas, herramientas del Estado, a través de los cuales se “eligen” los funcionarios de elección popular del Estado. Ni siquiera ellos tienen existencia jurídica independientemente del Estado. De ningún modo son depositarios directos de los cargos del Estado.
