Los procesos por sobornos de Super Tucano y venta irregular de los Tres Brazos, todavía abiertos, son dos ejemplos de lentitud judicial
Los casos de corrupción administrativa sometidos a la justicia en los últimos cinco años podrían correr la misma suerte de expedientes como el de los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano, con casi una década abierto en los tribunales, pero “muerto” en el debate público por las dilaciones de ese proceso.
La imputación de cohecho que pagó la empresa brasileña Embraer a funcionarios dominicanos para ser favorecida con la venta de las aeronaves, así como también el caso de la comercialización irregular del terreno que ocupa el sector de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, este último con casi ocho años ventilándose en la justicia, se han convertido en ejemplos de la lentitud del sistema judicial.
En ambos casos, que en su momento generaron gran indignación, el tribunal que conoció el juicio de fondo declaró la extinción de la acción penal por el tiempo que llevan conociéndose, decisiones anuladas por la corte de apelación, incluso por la Suprema Corte de Justicia.
Los acusados de recibir los sobornos de 3.5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña son el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), el empresario Daniel Aquino Hernández y las empresas 4D Business Group y Magycor.
Mientras que los principales imputados por la venta irregular de Los Tres Brazos son Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L., y Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L.
Asimismo, Manuel Aybar Ferrando e Irving José Cruz Crespo.
Los hermanos Medina
De las causas por corrupción que tienen poco más de cinco años, la que presenta mayor avance es la que encabezan los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.
En esta ya hay una sentencia de condena a ocho de 21 acusados, apelada tanto por el Ministerio Público como por los imputados.
Sin embargo, aunque las juezas del Segundo Tribunal Colegiado emitieron hace casi diez meses la sentencia que condenó a siete años de prisión al hermano del expresidente Danilo Medina y descargó a su hermana y a otros 12 sindicados, no fue hasta el jueves de la semana pasada cuando el expediente fue remitido a la Corte de Apelación.
Las juezas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, dieron a conocer su fallo el 14 de agosto del pasado año, mientras que la lectura íntegra de la sentencia, con 10,841 páginas, se notificó en noviembre.Los expedientes que involucran al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y a los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente, son los otros dos procesos que tienen conociéndose cinco años en los tribunales.
Al del exprocurador se le declaró auto de apertura a juicio hace casi dos años, en esa etapa no se ha conocido la acusación, solo ventilándose incidentes.
El fallo del juicio de fondo a los más de veinte militares y policías, que lideran Cáceres y Robiou, está programado para el próximo lunes 15.
Atribuye demoras al Poder Judicial
El coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco -Pancho -Álvarez, atribuyó ayer al Poder Judicial gran parte de las dilaciones que afectan los procesos de corrupción, al considerar que los jueces han sido demasiado permisivos con las estrategias procesales utilizadas por las defensas de los acusados para extender los casos durante años.
Sobre el juicio al exprocurador Jean Alain Rodríguez, recordó que el Código Procesal Penal establece plazos de diez días para presentar incidentes y otros diez días para decidirlos, “y aquí (en ese caso) estamos hablando de meses”.
“Los casos que están enfrentando ese tipo de problemas son, sobre todo de corrupción, no te parece extraño“, indicó Álvarez.
Álvarez afirmó que en todos los expedientes de malversación “ha habido la intención expresa de dilatarlos para que no haya una sentencia y la gente se olvide de eso y después cuando la ciudadanía no esté prestando atención es mucho más fácil resolver esos casos”.
No obstante, dijo que la labor de PC es evitar que haya olvido.
Los últimos dos casos que pasan a juicio de fondo
Los otros exfuncionarios que están en el banquillo de los acusados son el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el excontralor general, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, y el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo, contra quienes se dictó apertura a juicio de fondeo hace una semana. Este caso tiene en los tribunales tres años.
También el exdirector del Intrant, Hugo Beras, quien junto al empresario Jochi Gómez y a otros exfuncionarios de esa institución se le rechazó la solicitud de no ha lugar y fueron enviados a juicio de fondo el pasado viernes. Este proceso tiene un año y ocho meses conociéndose.
