Situación provoca un escandaloso hacinamiento en la cárceles con una población de presos preventivos muy superior a la cantidad de condenados
Santo Domingo. La privación de la libertad de los ciudadanos se ha convertido, en la mayoría de los casos que llegan a la justicia, en una acción que un juez decide en cuestión de ocho o diez minutos, lo que ha generado un terrible problema en el sistema penitenciario, con una población de presos preventivos mucho mayor que la cantidad de condenados.
A juzgar por el principio que reza: “todo el mundo es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario o en su contra intervenga una sentencia definitiva”, en las cárceles dominicanas hay 16,950 presos preventivos que, conforme la ley, no son por el momento culpables de la comisión de ningún tipo de delitos.
El sistema penitenciario cuenta con 25,878 presos, de los cuales sólo 8,928 están condenados.
En el Distrito Nacional, la Oficina de Atención Permanente conoce un promedio de 20 casos al día en audiencias que comienzan aproximadamente a las 9:00 de la mañana y antes del mediodía todas son decididas con la sentencia de prisión preventiva.
Naturalmente, lo mismo no ocurre con los grandes casos de corrupción que somete el Ministerio Público, los cuales en algunos casos duran hasta dos semanas conociendolos.
Y es que contrario a otros países, como Estados Unidos, en donde el derecho a una fianza o libertad condicional es casi obligatorio, en República Dominicana la prisión preventiva se ha convertido en la cotidianidad de los jueces de instrucción.
Datos estadísticos revelan que en la mayoría de los casos que se conocen en el Distrito Nacional, los jueces acogen las peticiones de prisión preventiva que hace el Ministerio Público, hecho que ha llamado a muchos abogados a considerar a los jueces como “fieles cumplidores de las medidas que pide el órgano acusador”.
Dichas estadíticas indican que en República Dominicana, los jueces acogen alrededor del 96 % de las solicitudes del Ministerio Público, imponiendo algún tipo de medida cautelar y que apenas solo rechazan o archivan cerca del 4 %).
Según datos obtenidos del Observatorio del Poder Judicial, de un porcentaje analizado de 41,557 solicitudes de medidas de coerción conocidas, 39,905 fueron acogidas por los jueces de instrucción, para un porcentaje de un (96.0 %, mientras que apenas en 1,652 casos (4.0 %) el imputado quedó en libertad pura y simple.
2. Cálculo en el Distrito Nacional (Casos de Mayor Complejidad)
En la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el porcentaje de acogida de la prisión preventiva suele duplicar el promedio nacional, debido a la concentración de casos complejos, crimen organizado y delitos graves.
En el análisis de 733 solicitudes de prisión preventiva presentadas en un cuatrimestre ante los jueces de Atención Permanente del Distrito Nacional, el tribunal acogió exactamente el 49 % de los pedidos de cárcel preventiva formulados por los fiscales.
El 51 % restante fue variado por los jueces hacia medidas menos gravosas (garantías económicas, impedimento de salida, arresto domiciliario o presentación periódica).
Efecto práctico de la garantía económica, el 26.0 % de imputados que reciben garantía económica queda técnicamente en libertad, pero en la práctica muchos permanecen privados de libertad de forma temporal por insolvencia económica hasta lograr una revisión de la medida.
Al respecto, en reiteradas ocasiones, el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Sanatana, ha dicho que saturar las cárceles es algo que agrava la crisis operativa del sistema penitenciario.
Ha advirtido que la alta cantidad de presos preventivos se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema carcelario dominicano, al punto de comprometer la operatividad, los traslados y las condiciones de habitabilidad en varios recintos.
En la actualidad, los Centros de Corrección y Rehabilitación concentran una población de 25,878 internos en todo el país. De ese total, 16,950.09 (65.5 %) corresponde a personas en prisión preventiva, mientras que 8,928 (34.5 %) ya ha recibido condena, según los más recientes datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), con corte a febrero del año en curso.
Santana ha citado como como ejemplo que en la fortaleza de La Vega hay unos 1,900 privados de libertad, de los cuales 1,600 son preventivos. Esta situación obliga a movilizaciones constantes hacia los tribunales y genera una sobrecarga logística.
“Se me están llenando las prisiones de preventivos”, insistió, al señalar que la lentitud procesal mantiene a muchos internos meses sin juicio.
Organización interna de los centros penitenciarios
En cuanto a la organización interna de los centros, Santana explicó que el sistema aplica criterios de segmentación para reducir riesgos y fomentar la rehabilitación.
El sistema cuenta con una capacidad instalada para unos 16,357 internos, pero la población recluida supera ese límite por más de 6,900 personas.
Las autoridades penitenciarias y la Defensa Pública coinciden en que la lentitud procesal y el uso extendido de la prisión preventiva como medida de coerción (presente en cerca del 85 % de los procesos judiciales conocidos) son los principales factores que saturan los recintos.




