La impugnación busca que el tribunal revise la decisión emitida por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce este lunes el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión que declaró no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, y José Ramón Peralta, de la Presidencia, en el proceso judicial por el presunto fraude al Estado dominicano que supera los RD$19 mil millones.
La impugnación busca que el tribunal revise la decisión emitida por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que favoreció, además de Castillo y Peralta, a Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias.
En esa misma resolución, la magistrada ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Ángel Lockward y otros procesados por el órgano acusador de formar parte de una presunta estructura de corrupción administrativa.
Entre las personas enviadas a juicio figuran Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila.
También fueron enviados a juicio César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
El expediente cuenta con 40 personas físicas y jurídicas, de las cuales 35 fueron enviadas a juicio de fondo y es conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Las juezas en este momento se encuentran recusadas, a la espera de que la Corte decida si la aparta del caso.
El Ministerio Público sostiene que la supuesta estructura habría sustraído recursos públicos mediante operaciones irregulares relacionadas con el pago de deudas a distintos ministerios y la implementación de un esquema de sobornos vinculado a los juegos de azar, cuya regulación corresponde al Ministerio de Hacienda.
Los imputados enfrentan acusaciones por presunta asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña electoral y lavado de activos.
Para sustentar su acusación presentó más de 1,278 medios de prueba, con los que procura demostrar la participación de los señalados en los hechos investigados.
La investigación fue puesta en marcha el 18 de marzo de 2023, mediante 40 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. En los operativos participaron 40 fiscales, técnicos de distintas unidades investigativas y alrededor de 300 miembros de la Policía Nacional, además de personal de apoyo administrativo.
Con el conocimiento del recurso de apelación, la Corte deberá examinar los argumentos del Ministerio Público en busca de que los declarados libre vayan a juicio de fondo junto a los demás encartados.




