Jorge Luis Rosario Angomás y Robert Manuel Vásquez Valdez deberán cumplir su condena en el CCR Las Parras
La justicia ya puso una pena. Veinte años de prisión para cada uno. Dos hombres enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Una indemnización de RD$2,000,000 a favor de la familia. Un expediente cerrado en primera instancia, al menos en apariencia.
Detalles del caso
Pero la muerte de Johnny Yunior Gómez Santos todavía deja preguntas que no han quedado del todo respondidas: ¿por qué lo mataron?, ¿fue realmente un robo?, ¿hubo más personas involucradas?, ¿por qué el caso terminó como homicidio voluntario y no bajo una figura penal que pudo acarrear una sanción mayor?
El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a Jorge Luis Rosario Angomás y Robert Manuel Vásquez Valdez a 20 años de prisión por la muerte a tiros de Gómez Santos, ocurrida el 26 de diciembre de 2024 en la calle Anacaona, del sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, la víctima salía de una fiesta cuando fue interceptada por Rosario Angomás, quien iba a bordo de una motocicleta conducida por Vásquez Valdez. En ese momento, Rosario Angomás le disparó. Gómez Santos murió minutos después, a causa de múltiples heridas, conforme al acta de levantamiento de cadáver citada por las autoridades.
Las informaciones divulgadas tras el crimen apuntaban a una hipótesis distinta a la que ahora se desprende de la sentencia: familiares y versiones iniciales indicaron que Gómez Santos había sido asesinado presuntamente durante un asalto. Según esos reportes, los atacantes le habrían quitado dinero y su teléfono celular.
Hipótesis y dudas
La sentencia conocida ahora lo hace por homicidio voluntario y asociación de malhechores, no por robo agravado ni por una muerte vinculada formalmente a un asalto.
Ahí queda una de las grietas del caso: si el móvil fue el robo, no queda claro por qué esa hipótesis no terminó ocupando un lugar central en la calificación jurídica final. Y si no fue un robo, entonces tampoco queda claro cuál fue la razón del ataque.
Calificación penal
El expediente, al menos en la información pública disponible, no explica si Johnny Yunior Gómez fue elegido al azar, si fue seguido, si existía una disputa previa, si hubo una confusión de identidad o si la muerte respondió a otra lógica criminal.
El segundo punto oscuro está en la calificación penal.
Rosario Angomás y Vásquez Valdez fueron condenados como autor y coautor de homicidio voluntario, bajo los artículos 265, 266, 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano. Es decir, el tribunal acogió que hubo una asociación o concierto criminal y que se produjo una muerte voluntaria.
La condena de 20 años es una pena severa. Pero el propio Código Penal contiene figuras que, dependiendo de las pruebas, podían llevar a castigos más altos.
El homicidio voluntario, en su formulación básica, castiga a quien mata voluntariamente a otro. Pero cuando esa muerte se comete con premeditación o acechanza, la figura pasa a ser asesinato. Y el asesinato, conforme al Código Penal, puede ser castigado con 30 años.
Si una persona espera a otra para matarla, o si ya llevaba formado el designio de quitarle la vida antes de actuar, el caso puede salir del terreno del homicidio simple y entrar en el asesinato. En el crimen de Johnny Yunior Gómez, la información disponible dice que fue interceptado al salir de una fiesta. Esa palabra —interceptado— abre una pregunta razonable: ¿hubo acechanza?, ¿lo esperaban?, ¿sabían que iba a pasar por allí?, ¿o se trató de un encuentro circunstancial que terminó en una ejecución?
La sentencia, por lo que ha trascendido, no coloca el caso en la categoría de asesinato. Eso puede deberse a que el Ministerio Público no probó premeditación o acechanza con la fuerza necesaria. Pero desde el punto de vista periodístico, sigue siendo una pregunta válida: si la víctima fue atacada al salir de una fiesta y recibió múltiples disparos, ¿qué elementos faltaron para sostener una calificación más grave?
Hay otra vía jurídica posible, también más severa, que surge de las primeras versiones del caso. El artículo 304 del Código Penal prevé una pena de 30 años cuando el homicidio precede, acompaña o sigue otro crimen, o cuando tiene por objeto preparar, facilitar o ejecutar un delito, favorecer la fuga de sus autores o asegurar su impunidad.
Si el hecho fue un asalto, como se dijo inicialmente, la muerte no habría sido solo una muerte. Podría haber sido un homicidio conectado con otro crimen.
