Ciudad de Panamá.- El anuncio del presidente panameño, José Raúl Mulino, de impulsar una Asamblea Constituyente en 2027 abrió el debate político en un escenario marcado hoy por demandas de reformas institucionales y el descontento con indicadores sociales y económicos.
Durante la cena anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el mandatario afirmó que una transformación profunda del Estado será uno de los principales legados de su administración y aseguró que el proceso deberá construirse con una participación amplia y democrática.
«En 2027 tendremos una constituyente», manifestó Mulino, quien precisó que la iniciativa buscará modernizar las instituciones del país y fortalecer el funcionamiento del Estado.
El gobernante descartó que la propuesta persiga modificar el equilibrio entre los poderes públicos o habilitar una eventual reelección presidencial.
«No será un acto político para disolver ningún poder del Estado, ni para yo poder reelegirme, ni nada que se parezca», sostuvo.
Sin embargo, el anuncio abrió interrogantes sobre el mecanismo de convocatoria, la forma de elegir a los constituyentes y la representación de los distintos sectores de la sociedad, aspectos considerados esenciales para garantizar la legitimidad del proceso.
El analista político José Eugenio Stoute estimó que Panamá requiere una nueva Constitución, aunque advirtió que el proceso debe ser originario y no depender del actual Legislativo.
A su juicio, una constituyente ampliamente representativa constituye la única garantía para evitar que el texto responda a intereses particulares y no a un consenso democrático.
En igual sentido se pronunció la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, quien en declaraciones al diario La Estrella de Panamá expresó respaldo a la convocatoria, pero subrayó que el principal desafío será establecer un mecanismo transparente para seleccionar a los integrantes de la Asamblea Constituyente.
«Lo importante es que todos los sectores de la sociedad estén representados», señaló.
El anuncio presidencial coincide con el trabajo que desarrolla la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, entidad encargada de promover jornadas de alfabetización constitucional y recoger propuestas ciudadanas para una eventual nueva Carta Magna.
Según informó el coordinador ejecutivo de la entidad, Miguel Antonio Bernal, las consultas incluyen seminarios, talleres, cabildos abiertos y encuentros comunitarios en diferentes provincias del país. Entre las propuestas recopiladas figuran reformas relacionadas con el acceso al agua, la educación, la salud, el fortalecimiento de la descentralización, la independencia de los órganos del Estado y modificaciones al régimen de reelección de determinados cargos públicos.
Diversos sectores coinciden en que Panamá mantiene pendiente una discusión sobre la actualización de la Constitución de 1972, reformada en varias ocasiones, especialmente en 1978, 1983, 1994 y 2004, aunque sin alterar de manera sustancial su estructura institucional.
La posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente ha formado parte del debate nacional durante las últimas décadas, impulsada por organizaciones civiles, gremios profesionales, sectores académicos y movimientos sociales que consideran necesario adecuar el marco constitucional a los desafíos políticos, económicos y sociales del siglo XXI.
Fuente: Prensa Latina
