Las principales armas se vendían en la región del Cibao
SANTO DOMINGO.- Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado de Santiago repartieron condenas de 10, 6 y 5 años de prisión para los cabecillas de una estructura del crimen organizado que se dedicaba a traficar armas de fuego de alta potencia, introducidas de contrabando al país y tenía como centro de sus operaciones la localidad del municipio Licey al Medio.
Los imputados Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán incurrieron en asociación de malhechores para traficar, almacenar, distribuir de manera ilegal armas de fuego y otros pertrechos, además de agenciarse recursos económicos fruto de la comercialización de estas armas de contrabando.
Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Aida Medrano Gonell, quien describió ante el tribunal la modalidad en que operaba la organización criminal y el rol que jugaba cada uno de sus miembros.
El tribunal integrado por las juezas Ingrid Liberato Torres, Deyanira Méndez Cepeda y Kimberly Tatis Soto, condenaron a Hornandys Emmanuel Cruz Almonte a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres de Santiago.
A Guaba Caraballo lo sentenciaron a seis de prisión a cumplirlos en el CCR La Isleta, del municipio de Moca, en la provincia Espaillat, mientras que a César Emilio Toribio Vásquez lo condenaron a estar privado de su libertad durante 6 años, igualmente, en el CCR La Isleta.
También Félix Francisco Vásquez Peralta deberá cumplir 6 años de prisión en el CCR La Isleta.
Rosalba María Estrella López fue condenada por constituirse junto a los demás en asociación de malhechores para la tenencia, tráfico y acopio ilícito de armas de fuego a 5 años de prisión en estado de suspensión, condicionada a varios factores que, de incumplirse, la llevarían a prisión.
En tanto que Diplán Diplán fue condenado a 3 años de prisión suspendida y 25 salarios mínimos del sector público.
Con el aval de autorizaciones judiciales, la Fiscalía de Santiago desplegó una operación interagencial donde mediante allanamientos ocupó de 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock 9 milímetros, tres revólveres, dos escopetas, vehículos, equipos electrónicos, así como $700,000.00 en efectivo, en localidades de los municipios de Licey al Medio, en Santiago, y Moca, provincia Espaillat, donde los traficantes operaban sus centros de acopio.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas de fuego.
En el curso de la investigación, el Ministerio Público contó con el apoyo de fuerzas especiales de la Policía Nacional como el equipo SWAT, de miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), y la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Los procesados, la mayoría de los cuales tienen relación de familiaridad utilizaban sus domicilios y los de sus padres como centros de almacén de las armas.
Los traficantes adquirían armas en el mercado estadounidense para y luego de enviarlas a Licey al Medio y Moca, desde donde las redistribuían entre otras organizaciones del crimen.
